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Tesis

Transición energética justa: lo que México tiene que preparar

La pregunta ya no es si México cambia su matriz, sino quién paga y quién se queda con el beneficio. Cuatro cuentas que hay que preparar antes de que la transición las cobre sola: la región del carbón, el hogar pobre, el territorio anfitrión y el erario.

Por Sebastián Rodríguez Sánchez· Director General, Bajío Ventures· 6 min
Infraestructura energética en el corredor industrial del Bajío

Generación y almacenamiento detrás del medidor para plantas industriales en el Bajío.

Hablemos de su proyecto

Bajío Ventures · agosto de 2026

México ya fijó el rumbo. El Programa Sectorial de Energía 2025–2030 pide que las fuentes limpias generen el 38 % de la electricidad en 2030, contra 23.4 % en 2024. La NDC 3.0, presentada en la COP30 en noviembre de 2025, limita las emisiones de 2035 a 404 MtCO₂e (363 con apoyo internacional) y plantea cero emisiones netas a 2050.

La pregunta ya no es si la matriz cambia, sino quién paga el cambio y quién se queda con el beneficio. Eso es lo que significa “transición justa”, y no es un tema ideológico: es contabilidad. Hay cuatro cuentas que México tiene que preparar antes de que la transición las cobre sola.

1. La región que pierde: el carbón de Coahuila

Las dos carboeléctricas de Nava, José López Portillo (Río Escondido) y Carbón II, son el último gran cliente de la Región Carbonífera. En octubre de 2025 la CFE adjudicó cerca de 8 millones de toneladas de carbón por 12,239 millones de pesos, en 27 contratos, casi todos con productores locales. Desde abril de 2026 esos productores reciben contratos formalizados para 2026–2030.

El plan de 2018–2032 preveía sacar de operación las cuatro unidades de Carbón II en 2029. Ese plan ya no rige y ningún documento vigente lo sustituye con una fecha.

Lo que sí hay es una señal interesante. En julio de 2026 la CFE presentó ante la Semarnat la fase III de la fotovoltaica Concepción Mendizábal Mendoza: 339 MWac con almacenamiento en baterías, USD 468 millones, dentro del predio de Carbón II, conectada a la infraestructura que ya existe. Es la forma correcta de empezar: se reutiliza el nodo, la subestación y la línea, que son el activo más difícil de conseguir.

Lo que falta es la otra mitad. Una planta solar ocupa a mucha menos gente que una cadena de mina, transporte y central térmica. Si la carboeléctrica cierra sin un plan para los mineros, la remediación de los tajos y la diversificación económica de la región, la transición se va a vivir como despojo, y eso tiene costo político para todos los proyectos que vengan después.

Qué preparar: una fecha de retiro creíble, anclada al plan eléctrico vigente; un fondo de reconversión laboral y de remediación; y prioridad para que la nueva capacidad —solar, almacenamiento, manufactura— se quede en el mismo territorio.

2. El hogar que paga: un subsidio que pesa al revés

El subsidio a las tarifas eléctricas es de 87,789 millones de pesos en 2026, más que las pensiones Mujeres Bienestar y para Personas con Discapacidad juntas. Aun así, según México Evalúa, el 10 % más pobre de los hogares destina 3.3 % de su ingreso a la luz, y el 10 % más rico, 0.8 %. Entre 2022 y 2024 el gasto en electricidad de los hogares más pobres subió 11.7 % real; el de los más ricos, 1.5 %.

En la base de la pirámide quedan 295 mil personas sin servicio. La CFE tiene programadas 42,221 obras de electrificación y cerca de 19 mil millones de pesos para llegar a 99.99 % de cobertura en 2028, en buena parte con módulos solares individuales en comunidades remotas.

Un subsidio paga el mismo kWh todos los años, para siempre, y lo paga con gas importado. Un panel en el techo lo paga una vez. Qué preparar: focalizar el subsidio en quien lo necesita y convertir una parte en activos —solar residencial, eficiencia, refrigeración— para los hogares de menores ingresos. Es la única versión de la transición en la que el recibo del hogar pobre baja en lugar de subir.

3. El territorio que hospeda: beneficios que se comparten

Los proyectos de energía se construyen en ejidos, comunidades indígenas y municipios que rara vez ven el beneficio. La Manifestación de Impacto Social del Sector Energético (MISSE), vigente desde febrero de 2026, ya obliga a que el presupuesto de beneficios sociales compartidos sea igual o mayor al costo de atender los impactos identificados.

Eso es un avance, pero una regla de proporcionalidad no sustituye un modelo. Qué preparar: esquemas en los que la comunidad participe del proyecto —arrendamiento con renta ligada a la producción, participación minoritaria, energía a precio preferente, empleo local con capacitación—, no sólo obras de compensación. El proyecto que la comunidad considera suyo es el que se construye a tiempo.

4. El erario que financia: menos petróleo, más compromisos

En el primer semestre de 2025 los ingresos petroleros fueron 442,901 millones de pesos, 10.8 % de los ingresos presupuestarios y 22.2 % menos en términos reales que un año antes. El Estado está perdiendo la fuente que históricamente financió al sector energético, justo cuando se le piden subsidios, electrificación, red y 54 % de la generación.

Qué preparar: una base de ingresos que no dependa del barril, y reglas que permitan que el capital privado financie lo que el erario ya no alcanza —con certeza sobre interconexión, autoconsumo y almacenamiento—. Sin eso, la transición justa se queda en discurso porque nadie la paga.

La lectura

1. Justa quiere decir en orden. Primero se construye el reemplazo, después se cierra. El caso de Nava muestra que se puede reutilizar el nodo de una carboeléctrica para solar y almacenamiento; lo que falta es poner la misma disciplina en el plan laboral y territorial.

2. El subsidio es la mayor bolsa de transición que México no está usando. Casi 88 mil millones de pesos al año pagan consumo. Una fracción convertida en activos haría más por la equidad energética que cualquier programa nuevo.

3. Para quien invierte en el Bajío, lo social ya es una línea del modelo financiero. Beneficios compartidos, contenido local y capacitación dejaron de ser responsabilidad social opcional; son costo regulatorio y, bien diseñados, la vía más rápida a la licencia social. Los proyectos industriales detrás del medidor —en predios que ya son industriales, sin nuevas líneas ni nuevos territorios— son la parte de la transición con menos fricción social. Por eso ahí concentramos nuestro trabajo.

Esta nota es informativa y no constituye asesoría legal ni de inversión.


Fuentes: Energy21 — PROSENER 2025-2030, meta de 38 % a 2030 · Digital Plural — 23.4 % de electricidad limpia en 2024 · Greenberg Traurig — NDC 3.0 de México · Semarnat — NDC 3.0 · Infobae — licitación de carbón de la CFE, oct-2025 · Mexico Business News — Carbón II y la solar de Nava, jul-2026 · pv magazine México — Concepción Mendizábal Mendoza III, jul-2026 · Industry & Energy Magazine — subsidio eléctrico 2026 · México Evalúa — Luz a medias: las paradojas de la CFE · El Financiero — «Robin Hood al revés» · Industry & Energy Magazine — cobertura de 99.99 % en 2028 · CEFP — Ingresos presupuestarios enero-junio 2025 · Ley del Sector Eléctrico

Bajío Ventures — grupo mexicano de inversión en infraestructura energética con base en Guanajuato: capital, plataforma de datos sobre la base industrial regional y canal industrial alemán, con asesoría propia en Berlín.

Generación y almacenamiento detrás del medidor para plantas industriales en el Bajío.

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